El Gobierno había planeado levantar la prohibición sobre la ciudad de Miyakoji en noviembre porque consideró que, tras la limpieza, los niveles de radiación —que no son uniformes dentro de los 20 kilómetros— eran aptos para vivir. Pero la decisión se retrasó por la oposición de los vecinos. “La gente tiene opiniones diferentes sobre si regresar o no”, afirma Tsuboi, vecino de Miyakoji que trabajaba en la central de Fukushima, aunque el día del tsunami estaba de vacaciones.
La radiación en los lugares de Miyakoji que han sido monitoreados por el Gobierno oscilaba entre 0,11 microsievert y 0,48 microsievert por hora el pasado febrero, según los datos de las autoridades de Tamura. Esto significa que una persona que permaneciera en el exterior las 24 horas del día resultaría expuesta, en el segundo de los casos, a 4.200 microsievert (4,2 milisievert) al cabo de un año.
Las reglas fijadas por el Gobierno declaran una zona como apta para que la gente vuelva si alguien que vive en ella resulta expuesto a un máximo de 20 milisievert al año, aunque algunos funcionarios han asegurado que quieren reducir esta cifra a 1 milisievert. La Comisión Internacional Sobre Protección Radiológica recomienda una dosis anual máxima de 1 milisievert, pero dice que una exposición a menos de 100 milisieverts al año no produce, desde el punto de vista estadístico, un incremento significativo del riesgo de sufrir cáncer.
Un arroyo encauzado corre a pocos metros de la vivienda de los Tsuboi, y todo parecería normal en esta región de bosques de coníferas y cultivos si no fuera porque la mayoría de las viviendas que salpican el paisaje están vacías y los hierbajos han invadido los campos yermos desde hace tres años. Las goteras y el moho han dañado muchas casas, y apenas se ve a nadie caminando por las calles del centro de Miyakoji. Tan solo algún anciano. Ninguna familia. Ningún niño.
Los trabajos de descontaminación dentro de los 20 kilómetros son responsabilidad del Gobierno central y los de la zona de entre 20 y 30 kilómetros, donde la gente fue autorizada a regresar el año pasado, son labor del Gobierno local, según Katsuhiro Otomo, director del departamento de planificación de Tamura. “Las familias en esta región suelen estar formadas por abuelos, hijos y nietos. Tras levantar la prohibición, los que vuelven normalmente son solo los abuelos”, dice.
Mientras, los técnicos siguen luchando para avanzar en el proceso de desmantelamiento de la planta de Fukushima, que tardará aún 30 o 40 años. Japón aprobó el viernes de la semana pasada el primer Plan de Energía Básica desde la crisis de la central, en el cual afirma que la energía nuclear seguirá siendo una fuente importante de suministro eléctrico, aunque su uso será reducido al nivel “más bajo posible”.
La catástrofe de Fukushima ha divido a familias y comunidades. Más 160.000 personas se vieron obligadas a evacuar ciudades cercanas a la central, y alrededor de un tercio vive aún en casas temporales repartidas por la prefectura de Fukushima, a la cual pertenece Tamura. Este municipio tenía una población de 38.223 personas a finales de enero pasado, frente a 40.422 en 2010. Algunos de quienes huyeron de la radiación, en particular los jóvenes o familias con niños, han comenzado una nueva vida en otras partes de Japón.
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